Investigar más fraudes con fondos de la UE, objetivo de la Fiscalía Europea

La oficina española ha hecho un diagnóstico para asumir más casos y esperan cumplir con el reto a finales de 2024

El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). (Foto: Ricardo Rubio / Europa Press)
El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). (Foto: Ricardo Rubio / Europa Press)
  1. Orden ministerial
  2. Las autoridades deben reportar
  3. “Mejorar” la comunicación
  4. Resolución de conflictos entre fiscalías
El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reúne con la fiscal general de Europa, Laura Kövesi en la sede ministerial, a 21 de junio de 2021. (Foto: E. Parra. POOL / Europa Press)
El exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se reúne con la fiscal general de Europa, Laura Kövesi en la sede ministerial, a 21 de junio de 2021. (Foto: E. Parra. POOL / Europa Press)

La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación sobre la denuncia del PSOE contra el actual Govern balear de Marga Prohens (PP) por no reclamar el reembolso de unas mascarillas adquiridas a una empresa de la trama Koldo, Soluciones de Gestión, que supuestamente se pagaron con fondos europeos.

En este caso, ha sido el juzgado de instrucción número 7 de Palma el que ha enviado el caso a la institución supranacional y ha decidido inhibirse en favor de ella para que se quede con la competencia.

No obstante, fuentes de la Fiscalía Europea han denunciado que esta no es una práctica habitual. Según el último informe anual del organismo, el año pasado se abrieron 29 investigaciones nuevas, de las cuales ninguna trató sobre fraudes con los fondos Next Generation. “De aquí a final de año intentaremos que se cambie”, han asegurado.

Orden ministerial

La oficina española de la Fiscalía Europea está haciendo un “diagnóstico” acerca de las medidas que pueden tomar para poder asumir más diligencias sobre las estafas que involucran las subvenciones de la pandemia.

Una de las principales causas, apuntan desde la institución, es modificar la orden ministerial que regula qué organismos tienen competencias para investigar presuntas irregularidades. En ella, la Fiscalía Europea ni se menciona.

Las autoridades deben reportar

Por otro lado, han recordado que las autoridades nacionales deben reportar a la institución siempre que puedan darse indicios de fraude con dinero europeo de por medio. No se trata de una falta de información de los diferentes juzgados españoles, han asegurado a Confidencial Digital, porque así lo determina la ley que regula a la Fiscalía Europea.

Desde el organismo han admitido que alguna vez han tenido que pedir información a los magistrados al frente de ciertas causas de  las que podían tener competencia tras enterarse por la prensa de su existencia. En la memoria anual de 2023 se evidencia que solamente el 3,33 % del total de asuntos que lleva esta fiscalía eran sobre corrupción.

“Mejorar” la comunicación

La delegación española de la institución ha aclarado que no hay “fricciones” con las instituciones con las que colaboran, como el Ministerio de Justicia o el Ministerio del Interior. Lo que no quita, han afirmado, que no se pueda “mejorar” la comunicación con ambos.

Resolución de conflictos entre fiscalías

En 2022 se produjo el único conflicto de competencias hasta la fecha entre la fiscalía española, en aquel caso la Fiscalía Anticorrupción, y la europea. Ambos ministerios públicos peleaban por hacerse cargo de las diligencias de investigación relativas a la compra de mascarillas en la que estaba involucrado el hermano de la presidenta Isabel Díaz Ayuso.

 

Como la adquisición se pagó con fondos de la UE, la institución supranacional pidió la competencia. Aun así, la entonces Fiscal General del Estado (FGE), Dolores Delgado, decidió que fuera Anticorrupción la que se quedara con el caso.

Fuentes de la Fiscalía Europea han reprochado aquella orden porque “prevalece” su institución por encima de cualquier otra y han incidido en que “se requiere hacer modificaciones en el reglamento para que el fiscal general español no resuelva este tipo de conflictos”.

Además, han reiterado que su institución es plenamente independiente y goza de una estructura que impide que las autoridades de los estados miembros e incluso de la propia Unión Europea tomen decisiones.

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